Los ayuntamientos valencianos justifican el 99,5% de las obras del Plan de Inversiones Sostenibles de la Diputación

Los municipios han ejecutado 1.200 proyectos, propuestos por los propios ayuntamientos, por valor de cerca de 69 millones de euros, de los 69.081.025 euros adjudicados dentro del plan más ambicioso de la historia de la Corporación provincial

“Lo más importante del Plan de Inversiones Sostenibles es que más allá de las buenas intenciones se ha traducido en obras reales que mejoran la calidad de vida de las personas”, destaca el presidente

El 25% de las actuaciones han sido de reurbanización de calles, con un 13% en obras de mejora de equipamiento deportivo; otras líneas destacadas son la repavimentación de caminos, agua y saneamiento, zonas verdes y mejora de equipamientos sociales y culturales

25/enero/2017. Los 266 ayuntamientos valencianos han justificado el 99,5% de las obras del primer Plan de Inversiones Financieramente Sostenibles (PIFS) de la Diputación de Valencia, el programa de ayudas a los municipios con el que el presidente, Jorge Rodríguez, evitó nada más acceder al cargo que los 70 millones de remanente no gestionados por parte del anterior equipo de gobierno provincial acabara en los bancos, invirtiéndose directamente en el bienestar de las personas.

En palabras de Rodríguez, “este nivel de ejecución que roza el cien por cien demuestra el potencial del municipalismo y que la maquinaria institucional puede dar una respuesta rápida a proyectos que merecen la pena, como es este plan que ha dejado casi 70 millones de euros en los municipios valencianos, con 1.200 obras ejecutadas y propuestas por los propios ayuntamientos y alrededor de 2.400 puestos de trabajo que se han creado o mantenido”.

Para el presidente de la Diputación, “lo más destacado del balance global del PIFS es que más allá de las buenas intenciones hemos conseguido pasar de las palabras a los hechos y, además de acabar con los planes teledirigidos de la anterior etapa concediendo a los alcaldes y alcaldesas la autonomía para decidir las inversiones, se ha logrado que esas inversiones se ejecuten y hoy sean realidades que pueden disfrutar los vecinos de los municipios valencianos”.

Los ayuntamientos tuvieron un primer plazo de apenas un par de meses, entre octubre y diciembre de 2015, para presentar los proyectos, y una vez adjudicadas las obras, disponían de tiempo hasta el 31 de diciembre de 2016 para ejecutarlas, con un plazo adicional de 10 días para justificar con documentación que las actuaciones se habían realizado y pagado. Todo un reto para la Diputación y los consistorios que se ha saldado con un 99,5% de ejecución y cerca de 69 millones de euros invertidos en actuaciones que, en muchos casos, eran reivindicaciones históricas de los municipios.

Resolver “problemas reales”

 Los 69 millones de euros finalmente invertidos a través del PIFS en los 266 municipios de la provincia han servido para mejorar el asfaltado de las calles, las redes de agua potable, las canalizaciones para evitar inundaciones o la accesibilidad de las aceras y los edificios públicos, pero también para rehabilitar escuelas y centros sociales, adecuar instalaciones deportivas o mejorar el equipamiento y los servicios en general de los ayuntamientos y municipios.

En porcentajes, las actuaciones de reurbanización de calles han supuesto el 25% del total de las obras; el 13% han sido mejoras en el equipamiento deportivo; el 9% intervenciones en repavimentación de caminos; otro 9% se ha destinado a equipamientos sociales; un 8% a obras de agua y saneamiento; otro 8% a zonas verdes y un 5% a la mejora del equipamiento cultural.

En resumen, “actuaciones que escapan del concepto de obras faraónicas de otra época y se centran en resolver problemas reales de los ciudadanos, en muchos casos reivindicaciones de los ayuntamientos que llevaban años sin atenderse, bien por falta de recursos o simplemente por desinterés”, explica el presidente de la Diputación, Jorge Rodríguez.

En mayo de 2016, los municipios habían justificado ya el 40% de las 1.200 obras licitadas, y en la segunda mitad del año los consistorios han pisado el acelerador para completar las actuaciones previstas y entregar a tiempo la documentación para que la Diputación proceda al pago de las obras. En paralelo, se encuentra en marcha un segundo PIFS dirigido a los más de 180 municipios de menos de 5.000 habitantes de la provincia, con aproximadamente un millar de obras proyectadas.

Estos planes de inversiones sostenibles, con una dotación de 69 millones más los 12 millones de la segunda entrega, representan la esencia de los nuevos gestores de la institución, que insisten en la idea de “hacer más con menos” y optimizar al máximo los recursos disponibles. El modelo escogido para la distribución de las ayudas y planes provinciales se basa en “criterios objetivos” y “garantizando en primer lugar las necesidades básicas de los municipios más pequeños, sin discriminar a ninguno en función del color político”.

Se duplican las transferencias directas

En cifras globales, los municipios valencianos recibirán a lo largo de 2017 más de 75 millones de euros en transferencias incondicionadas, que podrán destinar a inversiones pero también a gasto corriente, “una reivindicación histórica del municipalismo”, según recuerda Jorge Rodríguez, que considera que con el nuevo modelo de financiación local entre la Diputación y la Generalitat “estamos cuadrando el círculo de la financiación de los municipios valencianos”.

Esas transferencias directas llegarán a los municipios a través del Fondo de Cooperación compartido con el Consell, con 41,2 millones de euros, y de un Plan Provincial de Obras y Servicios (PPOS) que, al menos, garantiza los 34 millones de los que dispuso el pasado año, y que tratará de incrementarse con el remanente del presente ejercicio.

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